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Roberto Pocaterra Pocaterra Barera//
La cháchara sobre la equidad

Muchos pensamos, con terror, que Gustavo Petro nos pondría a recorrer el camino de Venezuela, por su temperamento autoritario y radical y porque es evidente que una vez llegue al poder no lo devolverá. Sí, Petro es un riesgo. Pero hay otros de carácter distinto que nos corresponde conjurar como sociedad.

Roberto Pocaterra Pocaterra

Con el fracaso del comunismo, la posibilidad de la igualdad de ingresos quedó como una teoría fallida. El revés que sufrió la humanidad con esas dictaduras no fue menor en términos de derechos, libertades y garantías. Peor aún fue la realidad palpable del incumplimiento de sus promesas, que enriquecieron a la cúpula burocrática y empobrecieron a la gran mayoría de la población, cuyas colas absurdas por un pedazo de pan siguen haciendo historia. La igualdad de ingresos consistió en que nadie tenía un rublo, o un peso o un bolívar. Este ha sido el caso de la antigua Unión Soviética, de Cuba y, más recientemente, de Venezuela. Esta tragedia humana, económica, política y social debe llevar a las sociedades liberales a garantizar no solo los derechos y libertades en abstracto, sino también los materiales, como los llamaba Sartre. Pero en países como Colombia, el mismo sistema legal es la génesis de la inequidad y de la ausencia de libertades materiales.

Necesitamos construir equidad. Eso implica que pocos aporten para que muchos tengan más. Un buen ejemplo, para ilustrar a lo que voy, es el caso de Pedrito, un humilde agricultor que llamó desde Zipaquirá a La W. Un poco desesperado arrancó diciendo: “Don Julio, estoy mamado”. Dijo que ya no sabe a quién venderle, porque cuando negocia sus zanahorias y hortalizas con grandes almacenes, como Jumbo, le quitan 19 % como “descuento comercial fijo” y 1 % por “optimización logística”. Y luego le pagan a 35 días o más, cuando no le glosan la factura. “Y si uno reclama, le dicen pues que no traiga”.

La gran mayoría de los pequeños empresarios, agricultores, pymes y mipymes deben soportar que les paguen a 60, 90 o 120 días, dizque porque el negocio de las grandes superficies, constructores y otros es un “negocio financiero”, lo que resulta un ejemplo de inequidad, porque los grandes capitales hacen su negocio financiero demorándoles a los pequeños los ingresos de los que viven

Si el sistema no le entrega a Pedrito una manera de sentir una mejoría concreta en su situación de pequeño agricultor, para que le paguen a tiempo y lo justo, a los Pedritos los reventarán las faltas de equidad y se pondrán a buscar nuevas oportunidades que muchas veces se presentan, como ocurrió en Venezuela, disfrazadas de espejismos

La inequidad en Colombia se ha vuelto parte del paisaje, y, como algunos industriales dicen tranquilamente, es una costumbre comercial en la que el Estado no debe intervenir. Por el contrario, tenemos en Colombia el reto de garantizar la equidad que la Constitución consagra. Y aprovechando que empezaremos la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, quisiera pedirle al Gobierno que promueva sin miedo el proyecto de ley que ya está prácticamente redactado, que tiene inspiración en leyes semejantes aprobadas en Chile, Francia y España, y que apunta directamente a neutralizar el abuso del que son víctimas 1’200.000 microempresarios que hay en Colombia, 662.000 en Bogotá, de los cuales 50 % aún están en la informalidad. Se trata de una intervención del Estado para lograr un comercio justo y equitativo que proteja a los pequeños y medianos especialmente frente a las grandes superficies, sin que sea aceptable decir que esto sería una indebida intromisión del Estado en la libertad contractual, porque en estos casos no hay igualdad entre una parte que impone a la otra nada menos que el precio y el plazo de pago de su contraprestación, que es su ingreso vital en la mayoría de casos.

Yo no veo francamente cómo un pequeño campesino –o cualquiera de los 8.000 excombatientes que esperan una oportunidad económica de reincoporarse al sistema de mercado– pueda lograrlo con las prácticas leoninas que ejercen los grandes contra los chicos.

Por eso, el proyecto de ley en gestación propone que todas las transacciones comerciales deberán respetar un plazo máximo de 30 días calendario para el pago de la factura, método infalible para irrigar y redistribuir el capital que hoy se concentra en tan pocos.

No más cháchara sobre la equidad. Practiquémosla todos –sin darle largas– como una necesaria ética empresarial.

Entre tanto… La Corte Interamericana le negó a Petro medidas cautelares para cambiar a su antojo el Estado colombiano

MARÍA ISABEL RUEDA