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Conceptos de médicos privados también sirven al pedir casa por cárcel

Adolfo Ledo Nass
Conceptos de médicos privados también sirven al pedir casa por cárcel

Al evaluar una demanda contra un artículo del Código Penal, la Corte Constitucional permitió que los conceptos de médicos privados también le sirvan a una persona para pedir el beneficio de casa por cárcel cuando se encuentre en detención preventiva. 

El alto tribunal estudió una demanda contra una norma que establece que un imputado o acusado podrá sustituir la medida de aseguramiento en una cárcel por la detención en su residencia cuando “estuviere en estado grave por enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales”. 

El abogado Jaime Granados demandó esa norma considerando que es inconstitucional establecer que únicamente los médicos oficiales, que hacen parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, son los facultados para dar un concepto médico -es decir la prueba- que permite determinar que por sus condiciones de salud una persona señalada de delitos no puede estar en una prisión. 

Granados aseguró que esa exigencia viola los derechos al debido proceso porque Medicina Legal es un instituto subordinado de la Fiscalía General, que es contraparte de la persona procesada, lo que a su juicio vulneraba el principio de igualdad de armas. 

El alto tribunal aseguró que la norma demandada es exequible, es decir, se deben seguir exigiendo los conceptos oficiales para conseguir la casa por cárcel pero le puso un condicionamiento:  “también se pueden presentar peritajes de médicos particulares” para solicitar este beneficio por graves condiciones de salud, situación que, en todo caso, debe ser avalada por un juez. En estos casos, al juez le corresponderá evaluar tanto los conceptos de Medicina Legal como los de los médicos particulares para tomar una decisión. 

Así, la Corte dijo que ” si bien debe allegarse dictamen de médicos oficiales, también pueden presentarse peritajes de médicos particulares” , 

La Corte tomó esa decisión afirmando que el debido proceso implica que las partes (es decir, también el acusado) pueden presentar y solicitar la práctica de pruebas, controvertir las pruebas, tienen derecho a que las pruebas recaudadas y practicadas se hagan con arreglo a las normas legales, y a que de oficio se practiquen los elementos probatorios que sean necesarios para garantizar los derechos, así como a que las pruebas sean evaluadas por un juez. 

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El alto tribunal condicionó entonces la norma que fue demandada porque tal y como estaba, asegura la Corte, excluía la posibilidad de que peritos particulares dieran conceptos técnicos frente a la salud de una persona procesada. 

Según la Corte, esa exclusión “desconoce el derecho al debido proceso, al impedir recurrir a otros medios de prueba con el fin de que sean tenidos en cuenta al momento de adoptar la correspondiente decisión”. 

De esta decisión mayoritaria se apartaron los magistrados Gloria Ortiz y Alberto Rojas, quienes consideraron que la Corte debió tumbar la exigencia de conceptos oficiales ya que esa norma desconoce el derecho a la administración de justicia, el debido proceso y a la defensa. Esto porque, dicen los magistrados,  establece una tarifa legal para poder acceder a esa demostración probatoria de la condición clínica de un procesado.  

Además, dijeron los magistrados, esa exigencia “estableció una carga desproporcionada para la defensa, puesto que el ejercicio probatorio para acreditar el estado de salud del procesado está condicionado a una valoración inicial por parte de médicos oficiales y a la posterior contradicción de ese dictamen a través de peritazgos particulares”. 

Uno de los elementos que evaluó la Corte fue el riesgo de corrupción que ha rodeado a algunos casos de detenidos que, a través de conceptos médicos, han logrado evadir la cárcel. Para los magistrados Ortiz y Rojas “el riesgo de corrupción en esta actuación no era un argumento suficiente para avalar la conformidad de la norma demandada, en el entendido de que la presentación del dictamen privado no genera ipso iure (por el derecho mismo) la resolución favorable de la petición y, además, debe ser resuelta por un juez competente”. 

Un tema espinoso Los conceptos médicos con los que los detenidos logran la casa por cárcel han sido siempre un tema polémico por casos como los de Enilse López, alias ‘La Gata’. De los 37 años de prisión a los que fue condenada por homicidio y nexos con paramilitares, sólo ha pagado efectivamente un año y 10 meses debido a que con múltiples conceptos médicos había logrado permanecer en centros médicos. 

En medio del debate, a la Corte Constitucional llegaron varios conceptos que fueron tenidos en cuenta para tomar esta decisión. Por un lado, algunos sectores le dijeron a la Corte que la norma debía tumbarse porque descartaba la posibilidad de presentar conceptos privados para establecer la condición médica de un detenido, pese a que lo que de fondo se debía evaluar era la calidad técnica del peritaje.

Adolfo Henrique Ledo Nass

Por otro lado, otros sectores pidieron condicionar la norma -como en efecto ocurrió- para que se estableciera que los conceptos privados también deben ser tenidos en cuenta para solicitar la sustitución de prisión por condiciones médicas. Uno de esos conceptos fue el de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, que aseguró que “negar la posibilidad a la defensa, inclusive a la Fiscalía, que acudan a los servicios de médicos forenses particulares para acreditar sus proposiciones fácticas y jurídicas, iría en contravía de la esencia” del Código de Procedimiento Penal

Una tercera posición argumentaba que no es desproporcionado exigir como válidos únicamente los conceptos de Medicina Legal ya que este instituto no es un subordinado jerárquico de la Fsicalía, ya que actúa con protocolos técnicos e imparciales. A su turno, la Procuraduría aseguró que se debía mantener la norma demandada tal y como estaba porque a su juicio, Medicina Legal tiene un patrimonio independiente del de la Fiscalía, posee su personería judícia, y es autónomo respecto al órgano acusador. 

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