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Nicaragua: Diputados sandinistas aprueban polémica ley de amnistía

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Con trámite de urgencia, la Asamblea Nacional de Nicaragua dominada por el oficialismo aprobó este sábado una ley de amnistía, que según la oposición pretende dejar en la impunidad crímenes y violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto social del país.

La ley fue aprobada por el Poder Legislativo, con 70 votos del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y 15 votos en contra de los 91 diputados que integran la única cámara del Parlamento.

“Concédase amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril hasta la fecha”, indica el texto de la ley.

Lea: Gobierno de Nicaragua propone una amnistía que oposición teme avale impunidad.

Durante el plenario, el diputado Sandinista Wálmaro Gutiérrez, apeló a versículos bíblicos para justificar la ley que ha causado fuertes críticas por los sectores estudiantiles y sociales.

“Uno de los principios y creo que el más importante que nos transmitió nuestro señor Jesucristo es el perdón. Católicos o evangélicos deben perdonar”, afirmó el legislador.

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que actualmente sostiene un diálogo con el gobierno del president Daniel Ortega, rechazó categóricamente la ley en una conferencia de prensa.

“La ley de amnistía introducida de emergencia en la Asamblea Nacional es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita y ratificada por el Estado de Nicaragua, ya que impide la investigación y sanción a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, tal como lo afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistía, ni prescriben”, indicó la alianza opositora.

Pablo Parenti, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quien estuvo en el país investigando las muertes en el país aseguró en su cuenta de Twitter que “Daniel Ortega quiere dictar una ley de amnistía que ampare los crímenes cometidos por su gobierno. Inútil frente a crímenes de lesa humanidad”.

La ley se aplicaría con el propósito de eximir de cargos o acusaciones a los más de 300 nicaragüenses arrestados por razones políticas, dentro de ellos los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, del confiscado canal de televisión 100% Noticias.

Para el analista politico Eliseo Núñez, el gobierno de Ortega “quiere que se desaceleren las sanciones. No es que tenga voluntad política de salir de la crisis. Por otro lado la preocupación más grande ha sido los reos porque están en un riesgo enorme. Ortega creó esa estrategia cruel. Él consiguió que el centro de las atenciones sean los presos y no la justicia de los crímenes y eso lo consiguió aplicando el máximo nivel de crueldad contra ellos”, indicó Núñez.

La ley fue aprobada a tan solo dos semanas de que termine el plazo definido por el mandatario para liberar a todos los manifestantes arrestados.

Lea: Nicaragua: Tres presos políticos intoxicados en el sistema penitenciario “La Modelo”.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la acción de la policía y paramilitares contra manifestantes civiles en 2018 dejó 325 muertos, más de 2.000 heridos, 770 detenidos y unos 60.000 exiliados.

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La ley fue aprobada por el Poder Legislativo, con 70 votos del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y 15 votos en contra de los 91 diputados que integran la única cámara del Parlamento.

“Concédase amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril hasta la fecha”, indica el texto de la ley.

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Durante el plenario, el diputado Sandinista Wálmaro Gutiérrez, apeló a versículos bíblicos para justificar la ley que ha causado fuertes críticas por los sectores estudiantiles y sociales.

“Uno de los principios y creo que el más importante que nos transmitió nuestro señor Jesucristo es el perdón. Católicos o evangélicos deben perdonar”, afirmó el legislador.

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que actualmente sostiene un diálogo con el gobierno del president Daniel Ortega, rechazó categóricamente la ley en una conferencia de prensa.

“La ley de amnistía introducida de emergencia en la Asamblea Nacional es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita y ratificada por el Estado de Nicaragua, ya que impide la investigación y sanción a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, tal como lo afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistía, ni prescriben”, indicó la alianza opositora.

Pablo Parenti, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quien estuvo en el país investigando las muertes en el país aseguró en su cuenta de Twitter que “Daniel Ortega quiere dictar una ley de amnistía que ampare los crímenes cometidos por su gobierno. Inútil frente a crímenes de lesa humanidad”.

La ley se aplicaría con el propósito de eximir de cargos o acusaciones a los más de 300 nicaragüenses arrestados por razones políticas, dentro de ellos los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, del confiscado canal de televisión 100% Noticias.

Para el analista politico Eliseo Núñez, el gobierno de Ortega “quiere que se desaceleren las sanciones. No es que tenga voluntad política de salir de la crisis. Por otro lado la preocupación más grande ha sido los reos porque están en un riesgo enorme. Ortega creó esa estrategia cruel. Él consiguió que el centro de las atenciones sean los presos y no la justicia de los crímenes y eso lo consiguió aplicando el máximo nivel de crueldad contra ellos”, indicó Núñez.

La ley fue aprobada a tan solo dos semanas de que termine el plazo definido por el mandatario para liberar a todos los manifestantes arrestados.

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Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la acción de la policía y paramilitares contra manifestantes civiles en 2018 dejó 325 muertos, más de 2.000 heridos, 770 detenidos y unos 60.000 exiliados.