Economía

+FOTOS | Suspenden acusación contra 35 exmarinos peruanos por la matanza de El Frontón

Globovision
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Un tribunal especializado en crimen organizado suspendió este viernes la audiencia de sustentación de la acusación fiscal contra 35 exmarinos peruanos por la matanza de 133 reos en el penal El Frontón, durante el primer gobierno del fallecido expresidente Alan García (1985-1990).

La suspensión de la audiencia se hizo a pedido de la misma fiscalía, ante la ausencia de varios de los imputados, y fue reprogramada para el próximo 19 de julio con la orden de que se presenten bajo amenaza de detención.

El Ministerio Público acusará a los exintegrantes de la Marina de Guerra por crímenes de lesa humanidad, a raíz de los presuntos homicidios calificados en la modalidad de asesinato con ferocidad y explosión, cargos por los que ha pedido entre 30 y 25 años de cárcel.

Los exmilitares formaron parte de un operativo para controlar un motín de reos por terrorismo en el penal ubicado en la isla de El Frontón, frente a las costas de Lima y el Callao, y que acabó con la muerte de 133 internos el 19 de junio de 1986.

El caso está a cargo de la Primera Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado, presidida por Edhin Campos, a raíz de un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que exigió a Perú aclarar los hechos de ese motín tras revisar el caso de dos de los internos muertos en esa fecha.

El 18 de junio de 1986, varios penales de Lima fueron sacudidos por un motín de presos del grupo armado Sendero Luminoso y el entonces presidente Alan García (1985-1990) ordenó a las Fuerzas Armadas recuperar el control y rescatar a los custodios tomados como rehenes.

El operativo en El Frontón concluyó al día siguiente de ese motín concertado en varias cárceles.

Más de tres décadas después, el juicio intenta verificar la responsabilidad de los acusados en masacrar a los prisioneros una vez que el motín fue reprimido y los militantes de Sendero Luminoso ya se habían rendido.

Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, que representa a familiares de los amotinados, declaró al inicio del juicio oral, hace dos años, que “una de las razones de que se juzgue 31 años después es porque hay una serie influencias políticas que han buscado entorpecer el desarrollo e incluso el inicio del juicio”.

Según indicó el abogado, este caso ha sufrido “casi todos los mecanismos” que defienden la “impunidad”, como juicios militares, leyes de amnistía o intromisión gubernamental en la actividad judicial, pero que finalmente ha llegado a su final.

“Hay múltiples evidencias que dan cuenta de un hecho de carácter criminal y una decisión política institucional de eliminar a los internos. Podemos acreditar que hubo una decisión política”, añadió.

El proceso excluyó a los probables autores intelectuales de la matanza, con lo cual el exmandatario García, que se suicidó en abril pasado cuando iba a ser detenido por un caso de presunta corrupción, quedó apartado de esta investigación de supuesta violación a los derechos humanos.