La Federación Venezolana de Maestros (FVM) ha convocado a un paro de 12 horas para el lunes 16 de noviembre, que comenzará a las 9 de la mañana con una concentración de dirigentes gremiales en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela. La movilización busca exigir el pago de aguinaldos y utilidades basadas en un mínimo de 240 dólares, rechazando el «Bono de Fin de Año» del Sistema Patria que solo asciende a 75 dólares, considerado insuficiente y ofensivo para la dignidad de los educadores que enfrentan una profunda crisis en el sector educativo.
El Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha, que agrupa más de 125 organizaciones sindicales, respalda firmemente la paralización de actividades argumentando que se busca restablecer derechos laborales eliminados, especialmente el aguinaldo y salarios dignos. Un representante del comité enfatizó que «el salario hoy en día no existe; está totalmente pulverizado». La presidenta de la FVM, Carmen Teresa Márquez, ilustró la crítica situación señalando que un docente apenas gana 500 bolívares quincenales, y aunque se incluyera el aguinaldo, su salario ascendería solamente a 3.000 bolívares, cantidad que considera insuficiente.
A pesar del amplio respaldo a la convocatoria, la Federación Médica Venezolana se distanció de la protesta argumentando que no fueron consultados sobre la organización del paro. La federación médica criticó la falta de inclusión de su gremio, considerando la jornada como extemporánea y fuera de lógica. Esta posición contrasta con el masivo apoyo de otras organizaciones sindicales que ven en el paro una oportunidad para presionar al gobierno.
La jornada de protesta tiene como objetivo principal presionar al gobierno para obtener respuestas a un pliego de peticiones entregado en Miraflores el 13 de octubre, que exige la reactivación de discusiones sobre tablas salariales, contratos colectivos, la eliminación del instructivo Onapre y el cese de suspensiones salariales. La situación se vuelve más crítica considerando que el salario mínimo legal permanece congelado en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, llevando a economistas a calificar como urgente un ajuste salarial. Con la falta de respuesta gubernamental desde octubre, los trabajadores intensifican sus movilizaciones en las calles.
Fuente: El Informador — Ver nota original
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